“La administración lo prohíbe todo. Es fantástico porque valora el patrimonio. Pero, ¿pone los medios adecuados para protegerlo?", dice el paleontólogo José Ignacio Canudo. El sector de la investigación paleontológica española acaba de recibir el asalto más grave de los últimos tiempos. La semana pasada, algún expoliador decidió llevarse el hallazgo probablemente más importante encontrado en Coll de Nargó (Lérida) en los últimos años, unos restos de vertebrado que podrían pertenecer a un pequeño dinosaurio. El patrimonio paleontológico está regulado por ley con la máxima protección: hacer daño a un fósil es tan grave como arrancarle un brazo a la mismísima estatua de la diosa Cibeles. Solo que ella está un poco más vigilada. El expolio de fósiles es una realidad incontrolada, y los profesionales se encuentran imposibilitados para ocuparse de la vigilancia de los yacimientos debido a la precariedad de medios con los que cuentan los diferentes departamentos. ¿Corren peligro de extinción los grandes reptiles, una vez más?
El de Coll de Nargó es un caso puntual de expolio, incluso allí mismo. Hacía muchos años que no se llevaban nada de este yacimiento localizado a los pies del Pirineo leridano. No es común que alguien se lleve, en medio de la noche, un bloque de piedra de cerca de cien kilos. El pedrusco en cuestión contenía las piezas halladas a finales de mayo, un pequeño esqueleto con una antigüedad estimada de entre 65-70 millones de años que podrían pertenecer a un saurópodo o a un depredador de estos -cocodrilos, por ejemplo-.
"Era un hallazgo excepcional ya que en esta zona se habían encontrado muchos nidos de huevos de dinosaurio, pero nunca un esqueleto tan completo como este", cuenta Ángel Galobart, responsable del Grupo de investigación de Mesozoico del Instituto Catalán de Paleontología (ICP). Desde que lo encontraron el pasado 26 de mayo, los conservadores se habían ocupado de excavar para extraer una pieza de la roca en la que estaba incrustada para transportar los restos con seguridad. Los ladrones fueron a llevárselo justo la noche del 30 al 31, cuando terminaron de “despegar” la piedra. Al día siguiente iban a llevarlo al laboratorio del ICP para su consecuente análisis e identificación de los restos.
¿Exceso de confianza o exceso de información? Galobart explica que nunca se habían encontrado una situación así: “A veces se han llevado alguna pieza pequeña, pero no este robo descarado”. En su opinión, los ladrones sabían perfectamente que “ese era el día adecuado, es alguien que sabía en qué punto estaban los trabajos”.
El equipo, formado por cinco personas, se dejó llevar por el clima de confianza que inspira la concienciación que existe en Coll de Nargó, un municipio que promueve el turismo y la divulgación de la paleontología a través de un museo en el recogen los hallazgos de este yacimiento. Se realizan visitas y actividades educativas en el entorno de las excavaciones, que se encuentran accesibles al gran público -por lo general, las excavaciones suelen ser espacios de difícil acceso-. Es el gran patrimonio del pueblo, y esto les ha fastidiado mucho.
Galobart reconoce con cierto pesar que igual no deberían haber anunciado el hallazgo -la no difusión de los descubrimientos es una postura muy compartida por los profesionales del ramo-. Al menos, hasta que hubiese estado en laboratorio. “Todo esto está muy relacionado, pero se trata un yacimiento musealizado, la gente del pueblo lo visita y lo valora mucho, ¿cómo íbamos a imaginar esto?”, apunta.
La cuestión es que hubo una pieza accesible -de 100 kilos, a tener en cuenta- de gran valor a la intemperie durante toda una noche. Y sin vigilancia. Y los que se lo llevaron en un todoterreno -según las huellas que analizaron los Mossos d'Esquadra- lo sabían. ¿Por qué no se cuidó esa noche? “No suele haber vigilancia, nunca nos habíamos encontrado con esta situación. Pero igual nos hace pensar para que no vuelva a pasar. De todas formas, tampoco tenemos los recursos”.
Departamentos sin presupuesto
“El gran problema es que hacemos las leyes pero no ponemos los fondos económicos”, señala José Ignacio Canudo, paleontólogo experto en vertebrados de la Universidad de Zaragoza. Canudo pone de manifiesto la precariedad que viven los departamentos que llevan a cabo las excavaciones. El patrimonio paleontológico está considerado por ley como un bien cultural equiparable al arqueológico. De hecho, estos yacimientos están protegidos por la Ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español, a pesar de ser un recurso de procedencia natural. Las competencias de protección y gestión del patrimonio están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que son ellas las encargadas directas de financiar proyectos de investigación.
No es difícil de imaginar, en el contexto de recortes que vivimos, la dotación que pueden tener en estos momentos las instituciones de investigación. “En general, en los últimos tres años y en todas las CCAA se han eliminado por completo las partidas destinadas a paleontología”, apunta Canudo. Antes no había grandes recursos, “porque somos un colectivo muy pequeño”, pero ahora no hay “nada de nada”. Aprovechan las becas y proyectos que se pueden obtener a través de los ministerios, “pero por lo general solo sirve como subsistencia”, aclara.
Un proyecto puede recibir, por ejemplo, 10.000-12.000 euros para un trabajo de 3 años y un equipo de siete investigadores. Es decir, “tienes para pagar la comida del grupo, gasolina, material y de forma escasa”, explica Canudo. Nadie cobra por esa labor, porque los equipos suelen estar formados por profesionales procedentes de instituciones de investigación, universidades o estudiantes.
Los yacimientos sí cuentan en la mayor parte de los casos con algún tipo de vallado o cierres. Pero nada más. El investigador precisa que mucho menos da para vigilancia: “Requiere un gran coste. Más de una vez y de dos se dejan las piezas a la intemperie y esto nos genera mucha intranquilidad, pero no tenemos dotación económica para seguridad. Esta es la precariedad económica en la que nos movemos”.
El paleontólogo critica además el exceso de celo por el corto plazo de los políticos, que en ocasiones "destinan mucho dinero en poner en valor un dinosaurio con una reconstrucción y pagando a diseñadores, pero son incapaces de dejarse un duro para la investigación y la inseguridad”. Aun así, matiza que España cuenta con tantos y tan extensos yacimientos “que pensar que podemos proteger todo el patrimonio es una equivocación”.
El dinero desemboca en concienciación
Francisco Ortega, del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), considera que la función de un equipo de investigación no tiene que ser poner un vigilante. “La dotación de protección de patrimonio tiene que venir de la administración pública, en concreto del Seprona”, la unidad de la Guardia Civil de vigilancia ambiental.
El profesor explica que siendo un patrimonio de máxima protección, según lo estipulado por ley, son las instituciones policiales las que tienen la obligación de custodiarlo. Pero además, incide en un factor cultural más generalizado para explicar por qué se siguen dando la expoliación “de forma sistemática” y sin grandes consecuencias. Para él, esta situación corresponde “al momento de concienciación en el que estamos: Hay una cultura mucho más establecida de la protección del patrimonio arqueológico, porque llevan más años que nosotros en esa labor. En nuestro sector estamos creciendo mucho con respecto a esto y vamos mejorando”, argumenta el biólogo.
El problema es que los recortes presupuestarios de los últimos años están haciendo retroceder en este punto, según Ortega, y al final tienen una fuerte incidencia en el conocimiento de la población y en su concienciación. Y explica: “Probablemente el robo de un fósil no sea una consecuencia directa de la falta de recursos para investigación, sino para la gestión patrimonial. Lo que pasa es que los recortes en investigación también acabarán afectando a la gestión; si nadie lo estudia, no se valoriza; si no se valoriza, no sirve para nada; y si no sirve para nada no es necesario protegerlo, ni gestionarlo, luego lo podemos abandonar”.
Es una realidad que ven todos los profesionales. El profesor de la UNED confirma que el dinero de las CCAA para patrimonio paleontológico ha desaparecido: “Desde hace 2-4 años no sé de ninguna administración local que haya puesto dinero en esto, y sin embargo conozco muchos proyectos de acción directa que han sido eliminados. Es preocupante a largo plazo, porque montar una investigación cuesta entre 10 y 15 años, pero se tarda solo dos convocatorias en desmantelar todo”.
La legislación
Ya pusieron de manifiesto en 1997 los paleontólogos de la Universidad de Zaragoza Guillermo Meléndez y M. Soria el problema que subyace en la aplicación de la normativa con respecto a este campo: La falta de costumbre en algunos casos y la falta de paleontólogos en las administraciones locales o el distanciamiento general de los paleontólogos hacia esos problemas ha hecho que estas figuras legales hayan tenido una esca o nula proyección sobre los yacimientos paleontológicos.
Se referían, con “estas figuras legales”, a la falta de uniformidad en la denominación de las figuras de protección, debido a que cada CCAA desarrolla su propia ley y establece una normativa más o menos estricta. La legislación de Aragón (1999) y la de Cataluña (1993), por ejemplo, son las más protectoras del patrimonio paleontológico. De hecho, los profesionales denuncian el exceso de burocracia que se encuentran para desempeñar cualquier trabajo de campo: “El que más controlado está es el paleontólogo. Se entorpece mucho su trabajo mientras que el expoliador está fuera del alcance del control de la administración”, denuncia Canudo.
Aun así, en teoría abundan formas de protección del patrimonio. Además de la Ley de Patrimonio Histórico, que "garantiza" la protección de los bienes patrimoniales "frente a la exportación ilícita y la expoliación", la legislación ambiental también ofrece otra figura de preservación. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 contempla los yacimientos paleontológicos como “monumentos naturales”. El profesor Guillermo Meléndez considera sin embargo que "no han debido de enterarse las CCAA, porque no han desarrollado nada al respecto”.
Por otro lado están yacimientos que se encuentran en un limbo porque nadie ha promovido su protección o están en trámites. Un patrimonio desprotegido del que Ortega mete también, en el saco de los responsables, a los mismos profesionales.
Expolio bueno expolio malo
El delito de expolio no está recogido en el Código Penal como tal, pero sí se protege el patrimonio cultural a través del artículo 323, que castiga con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses los daños al que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. No menciona los paleontológicos, pero por suerte para los dinosaurios la ley de 1985 le otorga el mismo valor.
Hay dos formas de expolio: por un lado, el aficionado que sale a recoger fósiles en zonas comunes. Está prohibido quedárselos, aunque muchos no lo saben. Los profesionales coinciden en que ese perfil no es peligroso, pero a veces genera un “mercado” de intercambio de fósiles que al final quedan en la estantería de alguna casa sin saber su origen, especie ni edad. Contra eso, explican, no se puede hacer nada, porque suele ser en pleno campo en yacimientos de invertebrados que ni están definidos ni señalizados en muchos casos. El profesor Meléndez considera que “este es el mayor expolio”, porque gota a gota se pierden muchas piezas. Sin embargo, y en defensa de los aficionados, otros paleontólogos apuntan que algunos fans de los fósiles ceden las piezas que encuentran a centros de investigación, por lo que en ocasiones resultan de gran ayuda.
Por otro lado están los delincuentes organizados, como en el caso de Coll de Nargó, que hacen un seguimiento intencionado de un yacimiento y expolian a sabiendas de que aquello que se llevan es un artículo de gran valor. “Muchos rayan casi el nivel industrial”, apunta Francisco Ortega. Los profesionales piden un esfuerzo a la administración para investigar más el mercado negro generado con el expolio de yacimientos: “No tanto para legislar sino para hacer acciones concretas”, propone el profesor Canudo, “como el seguimiento de la compra y venta de piezas fósiles”.
Es decir, los casi doscientos yacimientos de vertebrados que alberga nuestro país se encuentran fuertemente protegidos por ley, pero muy desabrigados en la práctica. Aunque hay alguna idea para combatir este problema. En Coll de Nargó se robaban sistemáticamente huevos y huesos en los años 90 (la investigación de ese yacimiento empezó en 1985), hasta que se creó a finales de esa misma década una entidad de amigos, ADAU (Associació d’Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell), para evitar más robos.
Entre otras actividades, la presencia y vigilancia constante de la asociación en el entorno del yacimiento parece que ahuyentó a los ladrones, según explica Jordi Galindo, conservador del ICP. Este asegura que allí donde hay esa continua visita de gente hay menos robos de este calado. Algo así como servir de patrulla ciudadana anti-expoliadores para conservar el patrimonio. Una vez más, la solución de los problemas queda en manos de la voluntad cívica de las personas.
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